El Juzgado de Paz de Santa Lucía, el más grande del Archipiélago y de todo el Estado, está “siendo estrangulado por la desidia del Gobierno de Canarias, que apenas aporta unos 8.000 euros anuales para hacer frente a unos gastos de funcionamiento que ascienden a más de 27.000 euros, cuya diferencia la soportan los ciudadanos y las ciudadanas de Santa Lucía”, denuncia el alcalde Silverio Matos.El alcalde afirma que “el Ayuntamiento de Santa Lucía no puede seguir cubriendo el déficit de los servicios que están obligadas a prestar otras administraciones, sobre todo en las circunstancias especiales de crisis que estamos padeciendo, y que, en el caso de la Administración de Justicia supone una auténtica aberración. Y a todo esto hay que añadir que la construcción del Partido Judicial con sede en Santa Lucía, proyecto aprobado hace cuatro años, en 2006, del que no se ha movido ni una piedra y que el Gobierno de Canarias año tras año deja sin partida presupuestaria, aún teniéndola, faltando una y otra vez a los compromisos adquiridos”.
Sobre el Partido Judicial, que el municipio y la comarca del Sureste ha reivindicado en varias ocasiones, Silverio Matos, recuerda cómo de las cuentas del Gobierno de Canarias previstas para 2009 desaparecieron los seis millones reservados por el Ejecutivo para construir los juzgados del municipio, cuando los del ejercicio pasado mantenían el millón de 2007 y los cinco millones de 2008, desviando el dinero hacia otras áreas que no aparecen justificadas.
Matos detalla que los gatos de los servicios que presta el Ayuntamiento al Juzgado de Paz se centran fundamentalmente en teléfono, material de oficina y de limpieza, mantenimiento de los equipos informáticos, trabajos de mantenimiento de electricidad, cerrajería y carpintería, fumigación y los gastos de correo, “y con los 8.000 euros que aporta el Gobierno canario cada año no da para cubrir todos esos gastos que asumimos nosotros sin tener competencias en Justicia”.
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