La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha notificado recientemente la sentencia por la que vuelve a condenar al Ayuntamiento de Santa Lucía por haber discriminado una vez más al delegado de la sección sindical de UGT en el consistorio, el médico Pablo Rodríguez.
La sentencia, contra la que no cabe recurso ordinario alguno, reconoce el derecho del delegado de UGT a cobrar los trienios por antigüedad que el alcalde Silverio Matos le denegó por decreto en el mes de abril de 2009, cuatro meses después de haberlo despedido ilegalmente en represalia a su actividad sindical.
Por lo tanto, el TSJC declara nulo el decreto del Alcalde por ser ilegal, debiendo abonarle a Pablo Rodríguez los trienios no retribuidos desde el año 2005 hasta abril de 2009, más los intereses legales correspondientes.
A lo anterior hay que añadir que, a día de hoy, el grupo de gobierno de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Santa Lucía todavía no ha hecho efectiva la indemnización de los salarios que este delegado de UGT dejó de percibir durante los 20 meses que permaneció despedido ilegalmente. Aparte de suponer una evidente y manifiesta obstrucción a la Justicia, esta circunstancia implica que el Ayuntamiento tendrá que abonarle más dinero aún en concepto de intereses legales, el cual lamentablemente saldrá del bolsillo de todos los ciudadanos de Santa Lucía.
Todo ello no viene sino a confirmar, una vez más, la conducta de acoso discriminatorio contra este delegado que en esta Administración está practicando Nueva Canarias, partido que se autoproclama progresista y defensor de los derechos humanos pero que mediante sus acciones demuestra todo lo contrario.
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