El médico Pablo Rodríguez fue despedido por ejercer su actividad como delegado de UGT.El Ayuntamiento de Santa Lucía tendrá que reponer al médico Pablo Rodríguez Monroy en el puesto de Jefe de Servicio de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo, del que fue despedido por decisión del alcalde Silverio Matos en diciembre de 2.008.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias recientemente ha hecho pública la sentencia que desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Santa Lucía contra la sentencia del Juzgado que en agosto del año pasado declaró ilegal el cese del facultativo, al producirse como represalia al legítimo ejercicio de su actividad como representante de la sección sindical de UGT en el consistorio.
El fallo de la Sala considera que la decisión del Alcalde guarda relación con la actividad sindical del médico municipal, y que la Administración no ha demostrado que la plaza que ocupaba y las funciones que realizaba no fuesen necesarias.
Por lo tanto, el TSJC declara nulo el cese, debiéndose reponer a Pablo Rodríguez en el puesto de trabajo que ocupaba, así como indemnizarle con los salarios dejados de percibir desde el 01 de enero de 2.009 hasta el día en que se haga efectiva su readmisión.
El Ayuntamiento de Santa Lucía no sólo incurrió en una grave lesión del derecho a la Libertad Sindical, sino que además desmanteló el Servicio de Salud Pública de un Ayuntamiento que atiende a más de 65.000 ciudadanos. Un servicio que no sólo debería contar con una Jefatura de Servicio, sino que además se debería ampliar con Jefaturas de Sección y sus correspondientes Jefaturas de Negociado, todo ello de cara a garantizar la ejecución de las competencias en materia de Salud Pública que tienen todas las Administraciones Locales.
En opinión del Secretario General de UGT en Gran Canaria, Gustavo Santana, esta sentencia no viene sino a confirmar, aún más si cabe, la situación de persecución sindical que están sufriendo muchos delegados de UGT en las Administraciones Públicas donde gobierna Nueva Canarias.
Por otro lado, el Secretario Insular de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Joaquín Pallarés, exige una vez más a Silverio Matos que acate la sentencia y proceda inmediatamente a la readmisión de Pablo Rodríguez, y además que lleve a cabo las acciones disciplinarias que procedan contra la Jefa de Servicio de Recursos Humanos, María Candelaria González, por haber actuado de forma no objetiva como funcionaria del Ayuntamiento.
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