La sala de lo Contencioso Administrativo desestima el recurso presentado por Iniscan y hace firme la sentencia que anulaba la permuta .El Consistorio anuncia que intentará recuperar cuanto antes el patrimonio de los ciudadanos de Telde.La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso de apelación presentado por Iniscan y ha emitido una sentencia firme que ratifica la emitida en junio de 2007 anulando la permuta de la finca de San Rafael por no ajustarse a derecho.
El alcalde de Telde, Francisco Santiago, y los portavoces de Nueva Canarias y Psoe, partidos que denunciaron esta operación desde la oposición, Ildefonso Jiménez y José Antonio Perera, respectivamente, dieron a conocer el fallo judicial durante la mañana de hoy y anunciaron que el Consistorio pondrá en marcha la maquinaria necesaria para recuperar cuanto antes el patrimonio de los ciudadanos. En ese sentido, Santiago recordó que no sólo es firme esta sentencia, sino también lo es aquella que anula la otra permuta promovida por el anterior gobierno municipal formado por PP y AFV-Ciuca con la misma empresa en la que se intercambió un edificio en Jinámar por parcelas en Marpequeña.
El portavoz de Nueva Canarias, Ildefonso Jiménez, explicó que el particular apeló la sentencia del pasado año alegando que se vulneraban sus derechos porque se aplicaba una ley estatal que regulaba el procedimiento de declaración de asunto de urgencia y porque a su juicio la permuta estaba perfectamente justificada por el acuerdo de la junta de gobierno del 24 de abril en la que se expresó la necesidad de contar con un espacio para desarrollar actividades para los mayores, “aunque en otro momento se llegó a decir que aquello era para celebrar bodas”.
Ahora, el TSJC ratifica la nulidad del proceso y de todos los actos posteriores, apunta Jiménez. “Si no fuera así no podríamos ir a la operación del intercambio”. La sentencia, continúa, aclara que por cortesía debía analizarse varios aspectos que ya Nueva Canarias y Psoe habían dicho, como por qué esa finca y no otra del municipio. Ahí, “la sentencia lo deja claro. No sólo no se justifica la urgencia sino que no se justifica que esa sea la finca idónea”. Otra cosa hubiera sido, dijo, que se hubiera realizado una oferta pública y se hubiera analizado cuál era la mejor. La sentencia, añadió Jiménez, confirma que se “ha obrado de forma absolutamente negligente y en favor de los intereses de los particulares”.
El portavoz de NC recordó que una de las mayores dificultades a las que se enfrentó durante el tiempo que estuvo al frente de la Concejalía de Urbanismo fue establecer el precio del mercado de un parcela, para lo que era necesario tener en cuenta el valor del precio catastral, el del recibo de la contribución, la ubicación..., pero también el precio de los inmuebles de la zona. Entonces, se pregunta el edil, “cómo es posible que el 28 de julio se pacte entre particulares una finca por 2,5 millones y el 18 de agosto 6,3 con el Ayuntamiento. ¿Cómo es posible que en 20 días se valore por casi cuatro millones por encima?”.
Ildefonso Jiménez catalogó de “escandalosamente injustificado que el Ayuntamiento genere una plusvalía cercana de 4 millones de euros a una sociedad a cargo del patrimonio municipal”. Se trata de una operación realizada con “alevosía y premeditación, sin tener en cuenta los intereses de los ciudadanos. En dos meses prácticamente inhábiles, agosto y diciembre, se producen dos permutas que violentaban los intereses públicos en favor de unos particulares, tal como dice la sentencia”.
Por su parte, el portavoz socialista, José Antonio Perera, afirmó que “no sólo el tiempo sino algunos juzgados ponen a cada uno en su sitio” y que “elementos que a simple vista llamaron la atención cuando se hizo la permuta haciendo pensar que se trataba de un negociete, una auténtica hazaña contra los intereses de los ciudadanos, ahora son ratificados por el juzgado”. Esta sentencia, añadió, pone de manifiesto “el uso perverso” que el anterior gobierno municipal hizo de las “situaciones de personas con dificultades, con movilidad reducida o discapacidades de cualquier tipo, que se suponían que iban a ser los beneficiarios de esta finca. Se pretendió ocultar en los problemas de estas personas una verdadera operación de negocios, con la perversión y el desprecio a ellos que eso entraña”.
Las aseveraciones del TSJC “retrata de fondo que se sabe quiénes han estado defendiendo de verdad los intereses de los ciudadanos y quiénes han estado utilizando los intereses y propiedades para derivarlos a terceros y beneficiarlos”. El portavoz del Psoe y edil de Urbanismo considera que esto “debe tener consecuencias políticas” y “ya es hora de que quienes han apoyado y defendido esas permutas empiecen a asumir de forma clara la responsabilidad que tienen por haber impulsado y mantenido una de las mayores tropelías cometidas contra los ciudadanos de Telde”.
Finalmente, el primer edil señaló que la empresa Iniscan está intentando evitar la recuperación de las propiedades tras la sentencia que anulaba la permuta del edificio de Jinámar solicitando al Ayuntamiento que subsane los errores y lleve a junta de gobierno nuevamente el intercambio.
En se sentido, tanto el máximo mandatario como el portavoz de NC aclararon que sí se llevará a este órgano este asunto, pero únicamente para declarar “el nulo interés” del Consistorio de llevar a cabo esta operación. Además, Santiago advirtió que “aspiramos a recuperar el dinero que el gobierno anterior se gastó en el edificio” en trabajos de albañilería, carpintería y otros para adecuarlo a las necesidades municipales pese a que cuando adquirió el inmueble lo hizo asegurando que estaba en perfectas condiciones para ocuparlo de inmediato.
El alcalde de Telde, Francisco Santiago, y los portavoces de Nueva Canarias y Psoe, partidos que denunciaron esta operación desde la oposición, Ildefonso Jiménez y José Antonio Perera, respectivamente, dieron a conocer el fallo judicial durante la mañana de hoy y anunciaron que el Consistorio pondrá en marcha la maquinaria necesaria para recuperar cuanto antes el patrimonio de los ciudadanos. En ese sentido, Santiago recordó que no sólo es firme esta sentencia, sino también lo es aquella que anula la otra permuta promovida por el anterior gobierno municipal formado por PP y AFV-Ciuca con la misma empresa en la que se intercambió un edificio en Jinámar por parcelas en Marpequeña.
El portavoz de Nueva Canarias, Ildefonso Jiménez, explicó que el particular apeló la sentencia del pasado año alegando que se vulneraban sus derechos porque se aplicaba una ley estatal que regulaba el procedimiento de declaración de asunto de urgencia y porque a su juicio la permuta estaba perfectamente justificada por el acuerdo de la junta de gobierno del 24 de abril en la que se expresó la necesidad de contar con un espacio para desarrollar actividades para los mayores, “aunque en otro momento se llegó a decir que aquello era para celebrar bodas”.
Ahora, el TSJC ratifica la nulidad del proceso y de todos los actos posteriores, apunta Jiménez. “Si no fuera así no podríamos ir a la operación del intercambio”. La sentencia, continúa, aclara que por cortesía debía analizarse varios aspectos que ya Nueva Canarias y Psoe habían dicho, como por qué esa finca y no otra del municipio. Ahí, “la sentencia lo deja claro. No sólo no se justifica la urgencia sino que no se justifica que esa sea la finca idónea”. Otra cosa hubiera sido, dijo, que se hubiera realizado una oferta pública y se hubiera analizado cuál era la mejor. La sentencia, añadió Jiménez, confirma que se “ha obrado de forma absolutamente negligente y en favor de los intereses de los particulares”.
El portavoz de NC recordó que una de las mayores dificultades a las que se enfrentó durante el tiempo que estuvo al frente de la Concejalía de Urbanismo fue establecer el precio del mercado de un parcela, para lo que era necesario tener en cuenta el valor del precio catastral, el del recibo de la contribución, la ubicación..., pero también el precio de los inmuebles de la zona. Entonces, se pregunta el edil, “cómo es posible que el 28 de julio se pacte entre particulares una finca por 2,5 millones y el 18 de agosto 6,3 con el Ayuntamiento. ¿Cómo es posible que en 20 días se valore por casi cuatro millones por encima?”.
Ildefonso Jiménez catalogó de “escandalosamente injustificado que el Ayuntamiento genere una plusvalía cercana de 4 millones de euros a una sociedad a cargo del patrimonio municipal”. Se trata de una operación realizada con “alevosía y premeditación, sin tener en cuenta los intereses de los ciudadanos. En dos meses prácticamente inhábiles, agosto y diciembre, se producen dos permutas que violentaban los intereses públicos en favor de unos particulares, tal como dice la sentencia”.
Por su parte, el portavoz socialista, José Antonio Perera, afirmó que “no sólo el tiempo sino algunos juzgados ponen a cada uno en su sitio” y que “elementos que a simple vista llamaron la atención cuando se hizo la permuta haciendo pensar que se trataba de un negociete, una auténtica hazaña contra los intereses de los ciudadanos, ahora son ratificados por el juzgado”. Esta sentencia, añadió, pone de manifiesto “el uso perverso” que el anterior gobierno municipal hizo de las “situaciones de personas con dificultades, con movilidad reducida o discapacidades de cualquier tipo, que se suponían que iban a ser los beneficiarios de esta finca. Se pretendió ocultar en los problemas de estas personas una verdadera operación de negocios, con la perversión y el desprecio a ellos que eso entraña”.
Las aseveraciones del TSJC “retrata de fondo que se sabe quiénes han estado defendiendo de verdad los intereses de los ciudadanos y quiénes han estado utilizando los intereses y propiedades para derivarlos a terceros y beneficiarlos”. El portavoz del Psoe y edil de Urbanismo considera que esto “debe tener consecuencias políticas” y “ya es hora de que quienes han apoyado y defendido esas permutas empiecen a asumir de forma clara la responsabilidad que tienen por haber impulsado y mantenido una de las mayores tropelías cometidas contra los ciudadanos de Telde”.
Finalmente, el primer edil señaló que la empresa Iniscan está intentando evitar la recuperación de las propiedades tras la sentencia que anulaba la permuta del edificio de Jinámar solicitando al Ayuntamiento que subsane los errores y lleve a junta de gobierno nuevamente el intercambio.
En se sentido, tanto el máximo mandatario como el portavoz de NC aclararon que sí se llevará a este órgano este asunto, pero únicamente para declarar “el nulo interés” del Consistorio de llevar a cabo esta operación. Además, Santiago advirtió que “aspiramos a recuperar el dinero que el gobierno anterior se gastó en el edificio” en trabajos de albañilería, carpintería y otros para adecuarlo a las necesidades municipales pese a que cuando adquirió el inmueble lo hizo asegurando que estaba en perfectas condiciones para ocuparlo de inmediato.
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